Acerca de la Ley General de Educación

Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer

nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa

Paulo Freire

El gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar una forma de asociación

que defienda y proteja la persona y la propiedad de cada cual con la fuerza común de todos.

Jean-Jacques Rousseau

En torno al debate suscitado por la reciente presentación al congreso del proyecto de Ley General de Educación (pLGE) y las opiniones vertidas en torno a sus distintos componentes por distintos actores conviene esbozar de alguna manera una trazado que permita descubrir el impacto de dicho debate y los argumentos que en este se han vertidos. La finalidad de este ejercicio no consiste en determinar a través de una simple sumatoria la validez puntual de cada argumento sino que poner de manifiesto la forma y los alcances que ha tomado esta discusión en los diversos ambitos que se ven afectados por sus términos.

Llama poderosamente la atención el origen de este proyecto de ley surgido a partir del trabajo de una mesa transversal convocada para este efecto como resultado de las conocidas movilizaciones secundarias del año 2006, las cuales no solo actuaron como catalizador de un largo debate en torno a la modificación del marco legal de la educación chilena sino que permitieron por su dinamica la inclusión de actores hasta ese momento desplazados de este debate.

Sin entrar en el analisis más profundo que merece la conformación del Consejo asesor y el debate generado en ese espacio, es importante destacar que en las modificaciones al marco regulador el pLGE exhibe la impronta de su origen, con precisiones y conceptos que expresan la heterogenicidad de los actores involucrados en su redacción.

Se pueden distinguir (a riesgo de ser excesivamente simplista) dos criterios globales, uno que apunta a dar continuidad en la gestión educacional con un marcado carácter liberal y un segundo que intenta introducir reformas de caractér progresista. Dentro de la primera categoría podríamos incluir el concepto de libertad de enseñanza (que fuera de algunas precisiones de tinte cosmético se mantiene en el centro del modelo educativo), la automarginación del Estado como posible sostenedor, la persistencia de la atomización que representa la municipalización y el sistema de sostenedores. Dentro de la segunda categoría podemos contar la incorporación de nuevas finalidades al proceso educativo (derechos humanos, libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia, de la paz, respeto a la diversidad, convivencia participativa, responsable y democrática en la sociedad), la sustitución del consejo superior de la educación por el consejo nacional de la educación, el fin del lucro en educación, la prohibición de expulsión por repitencia o la expulsión durante el año escolar por morosidad.

Existen también reformas y hechos que destacan como frutos de la elaboración del proyecto y el proyecto mismo, que escapan a las categorías antes citadas por tratarse de temas de caracter profundamente coyuntural y por ende dificilmente atribuibles a los dos criterios antes mencionados, entre estos se cuenta, el reemplazo de la característica de ley orgánica constitucional del marco regulatorio por la de ley general (más moldeable a futuro) y la persistencia transitoria de un gran cúmulo de artículos LOCE donde destaca todo lo referente a la Educación Superior.

Remitámonos pues a las categorías esbozadas para analizar la forma en que se ha instalado el debate desde las esferas de influencia política. Podemos agrupar a los distintos actores según su inclinación general a un criterio por sobre el otro en tres categorías. Están los que se inclinan por una mayor liberalización entre quienes se cuentan a los partidos pertenecientes a la Alianza por Chile y sus respectivos centros de estudios, los representantes empresariales y algunos políticos pertenecientes a la esfera de la Concertación que se han inclinado publicamente en contra del criterio más progresista, como por ejemplo, Jose Joaquin Bruner, Sergio Bitar o Mariana Aylwin. En una segunda categoría agruparemos a quienes sostienen las posturas más progresistas en opocisión a los antes citados, en esta encontramos a las organizaciones estudiantiles, el magisterio, la CUT y los partidos y organizaciones políticas de izquierda extraparlamentaria y algunos políticos de la esfera de la concertación (Carolina Toha, Alvaro Escobar, Mariano Ruiz- Esquide). Por último y como centro de esta reflexión encontramos al gobierno quien a pesar de ser el promotor del pLGE ha puesto muy poco énfasis en la defensa y legitimización pública de los aspectos más progresistas y novedosos de este. Esto cobra real importancia si se toma en cuenta la gran asimetría que existe en la difusión a través de los medios de comunicación masivos de las distintas posturas, lo cual se hizo evidente tras el anuncio del proyecto y sus características tras el cual se desató una campaña mediatica con el fin de desligitimar las medidas más progresistas, como el fin del lucro en educación o el fin de la seleccion de estudiantes hasta 8° básico, en estos ámbitos el gobiernose mostró excesivamente débil a la hora de defender estas medidas, dando practicamente por pérdido el debate en torno a estas medidas,

El reemplazo de la LOCE por un nuevo ordenamiento que realmente logre introducir cambios profundos en el concepto de educación respecto a su valor social y con ello la necesidad de regular y controlar por parte de la sociedad toda representada en el Estado exige un compromiso que hasta el momento tanto el ejecutivo como la concertación en su conjunto no han demostrado. Lamentablemente parece que aún hoy sólo nos encontramos frente a una farsa.